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La nueva ley anticorrupción retos y perspectivas

Por Gustavo Chierighini, editor de Brasil y Ricardo editorial Plataforma Pantin, abogado y socio de PBMA, miembro de la oficina de la Alianza (PBMA + Plataforma Brasil Inversiones).

Estimado lector, en nuestro Brasil varonil, estamos asolados, de vez en cuando, por el noticiero envolviendo escándalos de corrupción que invariablemente ejercen el poder de oscurecer nuestro horizonte verde y amarillo de una patria justa, próspera y pacífica.

Mientras no surge el nuevo don Sebastián (buscar sobre “sebastianismo”) ungido por sacrosanto apoyo, el desanimo se impone. La sensación de impotencia se establece y la desesperanza atrae a compatriotas para el sueño burbujeante del abandono hacia el aeropuerto internacional más cercano.

Dicen que está en nuestros orígenes culturales la espera por el golpe de magia, por el milagro redentor de nuestras mazelas. Recientemente leí en un vehículo importante de nuestra prensa que parte relevante del empresariado brasileño, incluso ante un abismo con causas tan cristalinas y saltando, todavía aguarda ansioso por uno, digamos, “milagro económico y moral”. Sí, encarar la realidad y el deber de casa son cosas chiitas de hacer.

Sin embargo, en la vida como ella es (Nelson Rodrigues, gracias!), La única redención nace incluso con los enfrentamientos. Y si hay algo bueno, digno de mención, que puede ser destacado como un producto de nuestra indignación con los recurrentes casos de corrupción involucrando al sector público (en todas las esferas) es la Ley 12.846 / 2013, la temida “Ley Anticorrupción”.

En su rastro, la conciencia creciente para el mundo empresarial de que un conjunto de protocolos de seguridad, involucrando procesos, cumplimiento y procedimientos se hacen esenciales para la preservación de reputaciones, del propio capital y también de la libertad de sus administradores.

En esta calle, es importante destacar que a partir de la década de 1990, Brasil se adhirió a acuerdos, tratados y convenciones internacionales que tratan del tema corrupción, planificando conceptos, asumiendo obligaciones y comprometiéndose a perfeccionar su legislación interna, además de crear realidades que conducen a una mejora de escenario.

Esta adhesión se ha dado tanto a nivel regional como a nivel global, lo que demuestra que la preocupación por el tema involucra a la mayoría de los países moldeados en torno a democracias constitucionales y que saben de las molestias generadas por la corrupción, que hoy no encuentra barreras físicas, se ha establecido un sistema organizado de criminalidad económica transnacional que involucra a particulares, empresas, organizaciones y agentes públicos (y políticos).

Fruto de compromisos firmados por Brasil, eco de nuevos tiempos en que reestablecen la democracia y el Estado de Derecho y en que se vislumbraba un escenario favorable de crecimiento económico y de la inserción de nuestro país en el mercado internacional, adopta nueva legislación.

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La Ley 8.429 / 1992 (Ley de Improbidad Administrativa) pasa entonces a presentarse como alternativa al claudicante sistema de normas penales que, lejos de cumplir con su papel cuando se trata de crímenes relacionados con la corrupción en cualquiera de sus formas, no presenta ninguna resultado significativo en la recuperación del patrimonio público.

La legislación recientemente creada (de naturaleza civil) pasa a estipular una serie de conductas que constituyen actos de improbidad, haciendo que los infractores sean castigados con la pérdida de bienes y valores, el resarcimiento del daño, la pérdida de la función pública (en el caso de agente público), la suspensión de los derechos políticos, el pago de multa y la prohibición de contratar con el poder público o recibir beneficios o incentivos fiscales o crediticios.

Se trata de una evolución, sin duda. Pero faltaba mayor efectividad frente al cuadro epidémico de corrupción y de desvíos más variados que asolaba y asola a las instituciones públicas y privadas en Brasil. Para ello, se aprobó en 2013 la Ley 12.846, la denominada “Ley Anticorrupción”.

Esta nueva normativa pasó a disciplinar la responsabilidad administrativa y civil de las empresas y organizaciones en torno a la práctica de actos contra la Administración Pública, nacional o extranjera, orientada por principios modernos y que prevé instrumentos y herramientas adecuadas al escrutinio y responsabilización por conductas ilícitas.

La ley permite que, responsabilizada objetivamente a la persona jurídica, sea a ella impuesta multa que varía del 0,1% hasta el 20% de la facturación bruta del último ejercicio, pudiendo alcanzar hasta el valor de R $ 60 millones, no sin dejar de aplicar la la penalización del impedimento de contratar con el sector público, además de pérdida de bienes y valores, suspensión o interdicción de actividades, disolución obligatoria y prohibición de recibir incentivos, subsidios, subvenciones, donaciones o préstamos.

Como se percibe, la norma es extremadamente rigurosa. No se espera, sin embargo, que una sola ley o aun que un conjunto de normas elimine esa nefasta cultura que es la corrupción (aunque en países de primer mundo se verifican tasas muy bajas de actos que impliquen en esa práctica), algo que el Derecho no puede resolver solo (tenga en cuenta que las leyes no faltan).

Se añade a la Ley Anticorrupción, la Ley 12.683 / 2012 que hizo más eficiente la investigación del crimen de lavado de dinero; la Ley de la Reforma Política (13.165 / 2015) que prohibió las donaciones de personas jurídicas a los partidos políticos y candidatos, además de la aplicación en conjunto con la Ley de Licitaciones (8.666 / 1993), de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LC 101/2000 ), Ley del Secreto de las Operaciones Financieras (LC 105/2001) y Ley del Mercado de Valores Mobiliarios (6.385 / 76).

En el caso de que se produzca un cambio en la calidad de los servicios de salud, se debe tener en cuenta que, de la ley.

De ahí que hoy, más que nunca, la adopción de procedimientos relativos a buenas prácticas que impliquen en el establecimiento de estándares de gobierno corporativo son el eje fundamental de actuación de empresas y organizaciones, so pena de no ser tomadas en serio por el propio mercado.

Se muestra imprescindible el conocimiento y la aplicación de los modelos normativos antes citados, aliados a la creación de una cultura combinada con una normativa interna que pueda ser validada a través de métodos de control bien estructurados. Estos son los nuevos desafíos y perspectivas que se presentan frente a la Ley Anticorrupción.

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Foto “Stop corrupción, Shutterstock.

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