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Aumento de los impuestos de la gasolina: así no va a salir bien

La semana pasada, el gobierno del presidente Temer, sin mucha salida para mantener la meta de déficit fiscal de 2017 (en R $ 139 mil millones), optó por elevar alícuotas de PIS y Cofins sobre combustible, prácticamente doblando. En consecuencia, la inflación estimada para 2017 subió en la más reciente encuesta del semanal del Bacen al 3,33%, de una estimación anterior en el 3,29% (todavía debe subir más).

No tiene mucho problema, pues las expectativas siguen siendo de inflación por debajo de la meta, y por lo tanto con holgura para el gobierno aún así alcanzar. Es extraño que Petrobras pronto redujo el precio del diesel y la gasolina, cuando el precio del petróleo en el mercado internacional había subido. En 24/07, Petrobras volvió a elevar precios de derivados, corrigiendo esa postura extraña.

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La sensación general es que incluso con la elevación de la carga tributaria (ingreso adicional en 2017 de R $ 10,4 mil millones) y contingencia de R $ 5,9 mil millones, aún así es difícil de llegar a la meta de R $ 139 mil millones de déficit . Esto se hizo aún más evidente en la rueda de prensa del ministro Henrique Meirelles, diciendo que por ahora no se pensaban nuevos impuestos, pero que si fuese preciso no dudaría en hacer.

El Gobierno Temer, que convive con bajísimo nivel de aprobación (según Instituto Ipsos, sólo el 2% de óptimo y bueno) y aún añade denuncia de la PGR, parece jugar la cuenta de alcanzar la meta en la sociedad, en lugar de recortar más gastos. El gobierno sigue haciendo distribución de cargos a los correligionarios, al mismo tiempo que acata y hace empeño de enmiendas de parlamentarios que votaron o votarán contra la prosecución de la denuncia.

En los días que corren, nuevos rumores proliferan en los mercados dando cuenta de cambio en la meta de déficit fiscal o más impuestos penalizando la sociedad, o más específicamente las clases media y alta.

El cambio de la meta de déficit pasaría a ser extremadamente perjudicial para el exterior de que no estamos logrando controlar los gastos, y eso ciertamente traería consecuencias para las inversiones en el país y las concesiones. En lo que se refiere al aumento de la tributación, tenemos que considerar que la carga ya es extremadamente elevada, superando el 33% del PIB. Eso mismo considerando la elusión y la evasión fiscal que ocurren en el país.

Hoy se habla mucho en tributar dividendos y extinguir intereses sobre el capital propio (JCP). Las empresas ya pagan tributos sobre beneficios del 34%, lo que parece muy llevado. La imposición de los dividendos sería gravar de nuevo lo que ya se ha tributado y, por lo tanto, no tiene sentido gravar el mismo hecho generador, es decir, beneficios generados.

El gobierno alega que los accionistas se han beneficiado de remuneraciones a través de dividendos y JCP para huir del impuesto sobre la renta en las declaraciones anuales. Ocurre que esto volvería a producir efectos y encarecería inversiones.

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Con eso, el gobierno estaría asumiendo el camino más fácil (e incorrecto) de tributar nuevamente el mismo hecho generador, en vez, por ejemplo, de revisar las reglas de pago de tributos del beneficio presumido y del simple, donde parece haber mayor dilución.

La tributación de dividendos y cambios en el JCP traería también consecuencias perjudiciales sobre el desarrollo del mercado de capitales en el país, siempre considerado importante, pero nunca tratado con la importancia atribuida en los discursos de nuestros gobernantes.

Es, sí, a la hora de elaborar la reforma fiscal, pero con el fin de simplificar procedimientos y estimular la inversión a largo plazo. Nunca para obtener receta ocasional o cubrir rombos generados por la ineficiencia en el control de las cuentas públicas.

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